Mar Barrera, una joven de 21 años vecina de Castelldefels, vive desde hace más de un año una pesadilla administrativa y legal tras haber sido víctima de un robo de identidad. Todo comenzó el 1 de abril de 2023, cuando viajó a Barcelona para celebrar el cumpleaños de una amiga. Le robaron el bolso con su documento nacional de identidad y, ese mismo día, denunció el hecho ante los Mossos d’Esquadra. Sin embargo, esa denuncia inicial no impidió una cadena de situaciones surrealistas que todavía hoy no han sido completamente resueltas.
Pocos meses después del robo, Mar descubrió, mientras tramitaba documentación para su abuela, que ya no figuraba empadronada en Castelldefels. En su lugar, aparecía registrada en un domicilio de Barcelona. Más tarde, recibió una notificación de la Agencia Tributaria: debía 7.200 euros en concepto de sanción por un supuesto intento de estafa al Estado.
La sorpresa fue aún mayor cuando, al investigar el motivo de la multa, se enteró de que, según los registros oficiales, está casada o unida como pareja de hecho con un hombre al que no conoce: Abdelouahid Sammatou. Fue entonces cuando interpuso una segunda denuncia, y más tarde una tercera. Ninguna sirvió, hasta ahora, para frenar el proceso sancionador ni esclarecer lo ocurrido.
“Voy a Hacienda y me mandan a la Policía; estos me dicen que vaya a la Delegación del Gobierno y de ahí me vuelven a enviar a Hacienda”, lamenta la joven.
Casada por un tercero y con una multa acumulando intereses
Según consta en la resolución de la Delegación del Gobierno en Barcelona que impulsó la sanción, Mar figura como cónyuge de Sammatou, en una unión considerada fraudulenta. El documento indica que habría contraído matrimonio o simulado una relación afectiva “con afán de lucro o con el objetivo de conseguir indebidamente un permiso o autorización de residencia, para el cónyuge extranjero”.
Se sospecha que, tras el robo del DNI, la persona que suplantó su identidad pudo empadronarse en Barcelona con ese fin y formalizar la relación, facilitando así que el ciudadano extranjero regularizara su situación en España. Todo ello, presuntamente, a cambio de una compensación económica.
Además del daño emocional y legal, Mar se enfrenta a un problema económico grave. La multa inicial, de 6.000 euros, ha aumentado a 7.200 euros por los intereses acumulados. Para agravar la situación, las notificaciones le han llegado tanto al domicilio barcelonés —donde nunca ha residido— como a una antigua vivienda en Málaga, donde vivió hasta los tres años.
Reacción tardía de la administración
El caso de Mar saltó al conocimiento público tras ser explicado por el periodista Jordi Basté en el programa El món a RAC1. Pocas horas después, la Delegación del Gobierno en Catalunya anunció que tomaba cartas en el asunto. El propio delegado, Carlos Prieto, contactó personalmente con la joven y le trasladó que el caso será revisado.
“La tranquilizó y le dijo que van a estudiar su caso y que si todo es tal y como lo cuenta no habrá multa”, explican desde su oficina. Además, aseguran que ya se han puesto en contacto con la Agencia Tributaria y que el asunto está “en vías de solución”.
Desde la administración central también se justifica la falta de actuación previa en que la información “no había llegado al lugar adecuado”.
Mientras tanto, Mar reclama que se investigue quién es el hombre con el que figura casada, quién vivió realmente en el domicilio de Barcelona en el que fue empadronada y quién es el propietario de la vivienda. “No parece tan complicado”, afirma con frustración, tras más de un año dando vueltas entre oficinas sin recibir respuestas claras.
Otro caso: detenido por una estafa con maquinaria agrícola
Durante el mismo programa de radio, también se dio a conocer el testimonio de Fede, otro joven que fue víctima de una suplantación de identidad tras enviar una foto de su DNI por correo electrónico durante un proceso de selección laboral. La empresa resultó ser falsa, y su documentación fue utilizada para cometer una estafa relacionada con la venta de maquinaria agrícola.
Fede fue detenido por los Mossos d’Esquadra mientras asistía a un festival de música en Sierra Nevada. “Mis amigos pensaron en esos momentos que era poco menos que un narco”, recuerda. Pasó 14 horas en custodia, repartido entre tres calabozos, hasta que se comprobó su inocencia y fue liberado.
Aunque denunció los hechos, no ha podido evitar que su nombre siga vinculado a la estafa, en la que los delincuentes cobraron 2.000 euros por una máquina que nunca llegó al comprador. “Los Mossos ya me dijeron que estuviera preparado, porque lo lógico es que haya más estafas”, añade.
Ambos casos ponen en evidencia la facilidad con la que los delincuentes pueden suplantar identidades con un simple DNI robado o fotografiado, y la dificultad de las víctimas para limpiar su nombre y obtener ayuda eficaz de las administraciones. Mientras tanto, tanto Mar como Fede continúan viviendo con la incertidumbre de que las consecuencias de aquella suplantación no hayan terminado todavía.
Fuente: La Vanguardia.
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